Abogados Laboralistas en Sant Cugat del Vallès

La norma central es el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, que regula el contrato de trabajo, las condiciones laborales y la extinción de la relación. Lo complementa la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, Ley 36/2011, que establece las particularidades procesales del orden social: plazos breves, gratuidad para el trabajador y concentración de actuaciones en una única vista.

La calificación del despido es el eje de la mayoría de los litigios. El artículo 55 distingue entre procedente, improcedente y nulo. La improcedencia da derecho a indemnización o readmisión a elección del empresario; la nulidad, reservada a supuestos de vulneración de derechos fundamentales y a determinadas situaciones protegidas como el embarazo o la reducción de jornada por cuidado de menores, obliga a la readmisión con abono de salarios de tramitación, sin opción.

Un elemento que condiciona todo asunto laboral es el convenio colectivo aplicable. Determina el salario mínimo del grupo profesional, la jornada, los complementos y con frecuencia mejoras sobre la indemnización legal. En el Vallès Occidental conviven convenios sectoriales estatales, autonómicos y provinciales, y determinar cuál rige no siempre es evidente en empresas con actividad mixta.

En materia de tiempo de trabajo, el Real Decreto-ley 8/2019 impuso el registro diario de jornada para todas las empresas, con conservación durante cuatro años. Esta obligación ha alterado sustancialmente la prueba en las reclamaciones por horas extraordinarias: la ausencia de registro juega en contra de la empresa y facilita que se dé credibilidad a la versión del trabajador.

Por último, la modificación sustancial de condiciones de trabajo del artículo 41 permite a la empresa alterar jornada, horario, régimen de turnos, sistema de remuneración o funciones cuando concurren causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. El trabajador puede aceptarla, impugnarla en veinte días o extinguir el contrato con una indemnización de veinte días por año. Distinguir qué cambios son sustanciales y cuáles caben en el poder de dirección ordinario es una de las cuestiones más discutidas en la práctica.